“El mar hay que respetar, ya que él fue el que dio vida a este lugar”. Estas palabras, pintadas en un mural de la costanera de puerto Cisnes, en la Región de Aysén, reflejan el sentir de muchas comunidades a lo largo de la costa del sur de Chile.

La zona marino-costera de la Patagonia, lo que llamamos Patagonia azul, es una amplio espacio de vida que se extiende desde el Canal de Chacao por el norte hasta Tierra del Fuego por el sur. Esta zona ha albergado históricamente múltiples y diversas comunidades humanas, especies y formas de vida. En los últimos 30 años, la Patagonia Azul se ha transformado también en un territorio en disputa, donde intereses nacionales y globales de la industria acuícola y de la conservación de la biodiversidad tensionan los modos de vida locales, arraigados en modelos de relación entre los seres humanos y la naturaleza que privilegian formas colectivas de apropiación de los espacios y los recursos comunes.

En Chile, el régimen de explotación de recursos del mar ha operado desde la década de 1970 sobre la base de la privatización a través del sistema de concesiones marítimas y de cuotas, lo que ha permitido sostener el crecimiento de industrias como la salmonicultura y la mitilicultura. El desarrollo de estos sectores se ha visto promovido, además, por un amplio sistema de incentivos fiscales (impositivos, sanitarios, financieros) que han transformado los bienes comunes en commodities dispuestos para la explotación privada. Actualmente, los bienes comunes asumen también la forma de servicios ecosistémicos (de provisión, regulación, soporte y culturales), cuyo usufructo está orientado al mantenimiento de estas industrias extractivas en detrimento del bienestar humano de las comunidades litorales.

Por otra parte, Chile ha privilegiado un modelo de conservación basado en la restricción de la presencia humana y en la limitación de sus actividades en zonas aparentemente intocadas, mediante áreas protegidas. Esta visión de la conservación, desconoce otras formas de mantención y cuidado de la biodiversidad, especialmente la ejercida tradicionalmente por poblaciones indígenas y locales. Así, extensas zonas marino-costeras han mantenido su biodiversidad gracias a la presencia de las comunidades, y el conocimiento ecológico generado en la intensa y antigua interrelación entre los seres humanos y la naturaleza, ha permitido aumentar la riqueza y diversidad de los ecosistemas. Estos diversos modelos de vida revelan un compromiso de largo aliento, que se cobija y reproduce en las cosmovisiones de los pueblos, y que aseguran el buen vivir tanto de humanos como de otras especies y elementos de la naturaleza.

En la  Patagonia azul los pueblos originarios han avanzado hacia el resguardo de sus modos de vida y de los ecosistemas que los soportan a través de la creación de los Espacios Costeros Marinos para Pueblos Originarios (ECMPO, Ley 20.249). Los ECMPO son áreas delimitadas de la zona marino-costera que protegen los usos consuetudinarios de los pueblos originarios, cuya administración depende de las comunidades. Según datos disponibles en el portal web de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca), desde la promulgación de ley en el año 2008 a septiembre del 2021, se han declarado admisible 100 ECMPO a nivel nacional que abarcan cerca de 3.765.000 hectáreas. De este total, solamente 15 han sido decretados, representando sólo un 1,5% del área total solicitada. En promedio, el proceso administrativo de los ECMPO decretados ha tomado 5 años; tardando 2 años y medio el más rápido y 9 años el más extenso. Un número indeterminado de solicitudes han sido declaradas inadmisibles o bien se encuentran aún a la espera de su admisibilidad por parte de Subpesca.

En la Patagonia se han declarado admisible 80 solicitudes de ECMPO, de los cuales 14 han sido decretados, todos ellos localizados en la Región de Los Lagos. Estos ECMPO cubren un área de 30.339 hectáreas, representando tan sólo el 0.9% de las casi 3.4 millones de hectáreas solicitadas. Estudios recientes muestran que, en conjunto, los ECMPO decretados y solicitados protegen alrededor del 24% de toda la  Patagonia azul (dentro de las 12 millas de mar territorial). Esta superficie supera en cuatro veces el aporte de las Áreas Marinas Protegidas, considerando Parques Marinos, Reservas Marinas, Áreas Marinas Costeras Protegidas de Múltiples Usos, Santuarios de la Naturaleza y Sitios Ramsar, que en conjunto representan alrededor de un 6% (Tecklin et al. 2021).

De esta manera, en los últimos años, diversos ECMPOS han incorporado explícitamente objetivos de conservación biocultural (Araos et al. 2021). Por ejemplo, protegiendo bancos naturales de bivalvos, zonas de reproducción y crianza de cetáceos y mamíferos marinos, y áreas de nidificación de aves. A esto se suma el resguardo de lugares sagrados y sitios de significación cultural, los que a través de las normas propias de las comunidades representan también áreas de cuidado del entorno. Estas contribuciones de los ECMPO se extienden también a zonas degradadas, en particular aquellas áreas del maritorio que han sido sobreexplotadas y/o contaminadas, permitiendo establecer medidas de mitigación y restauración ecológica. Asimismo, los ECMPO pueden incorporar en su interior áreas de protección estricta, donde no es posible explotar recursos, junto con áreas de manejo sustentable, ya sean de las propias comunidades indígenas o de otros grupos de usuarios, como los sindicatos de pescadores artesanales. Finalmente, algunas comunidades solicitantes en conjunto con investigadores han propiciado iniciativas de ciencia ciudadana, a través del proyectos piloto de monitoreo socioambiental participativo, por ejemplo, en el ECMPO Carelmapu, en la comuna de Maullín.

Obervamos también que en torno de los procesos de solicitud de los ECMPO se han ido desarrollando comunidades de aprendizaje en red que posicionan a las pueblos indígenas en el centro del proceso de toma de decisiones. Estas redes están compuestas por dirigentes y líderes de las comunidades indígenas, activistas de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales e instituciones del Estado. De esta manera, a más de 10 años de decretada la Ley N° 20.249 es posible observar que la creación de los ECMPO ha transitado desde un proceso de implementación de política pública de arriba hacia abajo, centralizado, burocrático y jerárquico, hacia una construcción institucional descentralizada, organizada en torno de redes de múltiples agentes que incentivan la creación de estos espacios por medio de acciones colectivas horizontales y orientadas de abajo hacia arriba (Araos et al. 2020).

Por lo tanto, los ECMPO surgen como una respuesta institucional a la degradación ambiental de la Patagonia azul, una herramienta colectiva, apropiada y legítima para proteger la cultura, maritorios y formas de vida de los pueblos originarios, sobre la base de la apropiación colectiva de los bienes comunes y sustentada en acuerdos que incluyen a otras comunidades locales.

A pesar de las contribuciones de los ECMPO a la conservación y sustentabilidad de la Patagonia Azul, muchas solicitudes se encuentran paralizadas o han sido rechazadas. El proceso administrativo de declaración se ha tornado altamente técnico y burocrático, impidiendo la implementación de la ley. Y, en las últimas semanas, casos como el Oficio 18.500 del Ministerio del Interior acerca de la función de los Delegados Presidenciales en las Comisiones Regionales de Uso del Borde Costero (CRUBC) (ver: mapuexpress.org) una instancia de decisión para la aprobación de los ECMPO, y el rechazo de la solicitud de la comunidad Yagán de Bahía Mejillones (ver: observatorio.cl) muestran el interés del Gobierno por defender la industria acuícola en la zona y el racismo estructural del Estado chileno que ha restringido y reducido la aplicación de la ley.

En suma, a través del resguardo de los usos consuetudinarios y, consecuentemente, de los ecosistemas de los soportan, los ECMPO representan el principal mecanismo institucional contenido en la legislación nacional para al resguardo de los modos de vida de los pueblos que habitan el litoral del país. Una herramienta que, además, contribuye a la protección de la de la biodiversidad marina y la gobernanza inclusiva de la zona costera.

El proceso constituyente en curso es un oportunidad única para reconocer las contribuciones de los pueblos originarios y locales a la sustentabilidad de la Patagonia Azul, y por extensión a todo el mar de Chile. El reconocimiento de las necesidades y el bienestar de los seres humanos y de las múltiples formas de vida con las cuales co-existimos debe ser el punto de partida para pensar en nuevas formas de uso y resguardo de los comunes del mar. La constitución puede impulsar estrategias amplias de cuidado, que reconozcan los modelos locales de relación con el medio ambiente, y que logren establecer criterios de equidad y acceso en la distribución de sus beneficios.

Esta columna es parte del Proyecto ANID/FONDECYT 11180066 “ECMPOS: Ensamblajes conservacionistas para la protección de lugares de vida en la zona costera de la Región de Los Lagos”.

Publicado originalmente en "La voz de los que sobran" el 8 de octubre de 2021.

Referencias citadas

Araos, F., Catalán, E. y Brañas, F. (2021). Usos consuetudinarios y conservación marino costera de la Patagonia chilena. Manual para la solicitud de Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios Ecmpo. Programa Austral Patagonia de la Universidad Austral de Chile, Valdivia, Chile. 120 pág.

Araos, F., Anbleyth-Evans, J., Riquelme, W., Hidalgo, C., Brañas, F., Catalán, E., Nuñez, D. & Diestre, F. (2020b). Marine Indigenous Areas: Conservation Assemblages for Sustainability in Southern Chile. Coastal Management, 48:4, 289-307.

Tecklin, D., Farías, A., Peña, M.P., Gélvez, X. Castilla, J.C., Sepúlveda, M., Viddi, F.A., y Hucke Gaete, R. (2021). Protección costero- marina en la Patagonia chilena: Situación presente, avances y desafíos. En: J.C., Castilla, J.J., Armesto y M.J., Martínez-Harms (Eds.), Conservación en la Patagonia chilena: evaluación del conocimiento, oportunidades y desafíos. Santiago, Chile: Ediciones Universidad Católica de Chile. pp. 259-288.